Ninguno de los 16 acusados de integrar el “Clan Ale” volverá a estar tras las rejas, al menos hasta que el juicio concluya con una sentencia. Al finalizar la audiencia de ayer, el tribunal informó que se les concedía el beneficio de la prisión domiciliaria a los 11 imputados que continuaban alojados en el sistema penitenciario y que los mismos serían controlados mediante las pulseras electrónicas que adquirió recientemente la provincia.

Los beneficiados son María Jesús Rivero, Fabián González, Víctor Suárez, Roberto Dilascio, Ángel “El Mono” Ale, Hernán Lazarte, Ernesto Catulo, César Manca, Enrique Chanampa, Sergio Parrado y Carlos Ocampo. Respecto a los otros cinco imputados, Rubén “La Chancha” Ale ya gozaba de ese beneficio y los cuatro restantes estaban en libertad: Valeria Bestán, María Florencia Cuño, Julia Ester Picone y José Augusto Lucero.

El anuncio del tribunal fue recibido con aplausos entre los imputados y sus familiares, por lo que la presidenta Alicia Noli debió pedir que se mantenga el orden en la sala. Luego los acusados permanecieron en el Tribunal Oral Federal hasta que se labraron las actas y sus abogados informaron en qué domicilios donde cumplirán la medida.

“Es lo que corresponde, tres años y cuatro meses estuvieron algunos en el penal, otros un poco menos”, celebró Cergio Morfil, representante de Ángel “El Mono” Ale. No obstante, remarcó que lo que habían solicitado los defensores era la excarcelación. “La acusación fue una denuncia falaz y quedó claro que no había pruebas cuando Susana Trimarco habló como testigo. Lamento de corazón que haya perdido a su hija, si a mí me pasara me moriría, pero estas personas no están mencionadas en esa causa. A todos se les pasaron los dos años de preventiva y no se pidieron prórrogas. Ahora, en realidad, les tendrían que dar la libertad, no la domiciliaria. Estas medidas se tomaron por presión política”, afirmó Morfil.

Manuel Pedernera, defensor del ex policía Hernán Lazarte, se mostró conforme con la resolución. “Es una decisión valiente del tribunal, que aprovecha la tecnología para que los imputados regresen a sus casas sin obstaculizar nada. Ellos seguirán sometidos al proceso porque estamos empeñados en que el juicio siga adelante y se dicte una sentencia”, sostuvo el letrado.

Varios días de trámites

Pero el trámite no es tan sencillo. Según explicaron fuentes del área de Seguridad de la Provincia, primero el tribunal debe comunicarle la resolución al servicio penitenciario para que los especialistas de esta área evalúen la viabilidad de la aplicación de este recurso y lo plasmen en un informe.

Una vez que el tribunal obtenga esa respuesta, recién se colocarían en los tobillos de los imputados las pulseras electrónicas. Las mismas fuentes aclararon que ese trámite puede demandar varios días, por lo que no se descarta que los imputados pudieran comenzar a gozar del beneficio de la prisión domiciliaria sin el artefacto electrónico, aunque custodiados por fuerzas federales de seguridad.

El juez Jiménez Montilla decidió apartarse

Otras dos sorpresas convirtieron a la audiencia de ayer en una jornada atípica durante el juicio contra el “Clan Ale”. Por un lado, el juez Carlos Jiménez Montilla fue reemplazado por su par jujeño Domingo José Batule. Y por otro, una parte de la defensa solicitó la recusación de la presidenta del tribunal, Alicia Noli, pedido que finalmente no prosperó.

La audiencia se abrió con la lectura de la resolución del tribunal correspondiente a los pedidos de recusación de Jiménez Montilla que había formulado la parte acusatoria luego de que Susana Trimarco -declaró como testigo la semana pasada-, dijera que en la casa del magistrado se había realizado un asado donde estuvieron Rubén “La Chancha” Ale, el entonces gobernador Julio Miranda y su ministro de Gobierno, Antonio Guerrero. Ante el planteo, el propio Jiménez Montilla se excusó de intervenir en la causa. “Corresponde mi voluntario apartamiento para mantener la garantía de imparcialidad”, argumentó. En su lugar asumió Batule, que actuaba como “cuarto juez”.

Guerrero, por su lado, lamentó que se haya inhibido el juez “porque estaba dispuesto a ir para afirmar que nunca existió ningún asado”. “Fue un comentario por parte de Trimarco falso y mentiroso”, señaló a LA GACETA.

“Conventillo”

Acto seguido, pidió la palabra Manuel Pedernera, defensor del ex policía Hernán Lazarte. “Quiero pedir la recusación de la presidenta del tribunal”, anunció el letrado, y argumentó: “esta defensa tomó conocimiento de que su hermana, Elizabeth Noli, es socia del abogado Carlos Garmendia y ambos intervienen en la fundación María de los Ángeles”. El anuncio sorprendió a las partes. “No es una situación menor; creo que su imparcialidad está comprometida. Usted es una mujer limpia y no puede manchar su trayectoria”, le sugirió.

Pero sólo algunos de los defensores se sumaron al pedido. Uno de los que se opusieron fue Carlos Varela Soria, defensor de María Jesús Rivero. “No sé qué tiene que ver la doctora Noli con la actividad de su hermana. Este juicio de ser una causa política pasó a convertirse en un conventillo”, cuestionó.

La presidenta, por su parte, aclaró que su hermana no trabaja como abogada ni colabora con la fundación desde hace más de cinco años. “Considero que esa situación no afecta la imparcialidad propia de una magistrada en este juicio. Además he intervenido en varios juicios de trata de personas y jamás he sido recusada”, agregó Noli. Una hora más tarde, el tribunal anunció la inadmisibilidad de la recusación y el debate avanzó con normalidad.

La imputada Rivero pidió ampliar su declaración a los fines de referirse al testimonio brindado por Susana Trimarco. “Vino con el único objeto de mentir. ‘Miente, que algo quedará’. Y una de esas mentiras costó que el doctor Jiménez Montilla hoy no esté aquí”, afirmó. Entre otras cosas, acusó a Trimarco de ser “ñoqui” del Estado. “Es una persona que vivió de la vagancia, que no sabe lo que es el trabajo y el esfuerzo”, disparó.